Las dificultades para encontrar un nuevo rumbo

Nicaragua: Las dificultades para encontrar un nuevo rumbo.

Por Freddy Quezada

INTRODUCCION

A raíz del maremoto acontecido en Nicaragua hace pocos meses, una gran cantidad de artículos y ensayos de distintos signos políticos e ideológicos coincidieron en señalar el destino trágico de este pobre país. Castigado y/o elegido, como un nuevo pueblo bíblico o una moderna polis griega, se procedía en tales trabajos a enumerar los grandes hitos sociales (invasiones, guerras, dictaduras, revoluciones, contrarrevoluciones, elecciones increíbles, democracia) y naturales (terremotos, huracanes, erupciones, diluvios, sequías y maremotos) que ha tenido que sufrir toda una generación de nicaragüenses. Ya al ciudadano medio de este país, se puede asegurar que no le impresiona nada. Se agotó su capacidad de sorpresa. Y aunque todavía no se haya arrancado los ojos, como Edipo, por lo menos ya no tiene cejas con qué demostrar su asombro. Acaso por ello tome hoy como cotidianidad la apasionante lucha política que libran en su nombre quienes aún aseguran representarlo.

Digamos que, para brindar una pintura en los planos de la economía, la política interna y las relaciones con EEUU que efectúa la sociedad nicaragüense, haremos un balance en términos generales desde la derrota sorprendente del FSLN en 1990 hasta el triunfo de Bill Clinton en las elecciones de Noviembre de 1992 en EEUU.

I. UNA ECONOMIA ESTANCADA

Una economía estancada, un gobierno que vive de préstamos y donaciones, una población en sus más altos niveles de indigencia es el cuadro desolador que grafica la situación socioeconómica de Nicaragua.

El plan de ajuste estructural impulsado por el gobierno de Doña Violeta de Chamorro ha incidido directamente en una tendencia recesiva que afecta a todos los sectores del país.

Los instrumentos de política económica se han centrado en la política cambiaria, en el control crediticio y del déficit fiscal, condiciones que exigen los organismos financieros internacionales, en particular el FMI. Sin embargo, una evaluación temprana del impacto de dichas políticas revela que afecta más la recesión productiva que los éxitos relativos alcanzados. Veámoslo.

El criterio de mantener la paridad cambiaria respecto al dólar de 5 a 1 está en relación a la ortodoxia estabilizadora para sostener la credibilidad en la estabilización. Como consecuencia, se mantiene un estricto control sobre el crédito, y debido a que la liquidez es inferior a la demanda, se bloquea el acceso a capital de trabajo.

En el período de enero-septiembre de este año muestra una tasa negativa de 0.1%. Sin embargo, la inflación acumulada desde marzo de 1991 (cuando se aplicó la devaluación de la moneda al 5 por 1 con respecto al dólar) es de 304.8%. No obstante, el mercado cambiario está tensionado, por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el extraoficial, en términos reales, de 11% a septiembre (CRIES, 1992:8). Por su parte, Nicaragua sigue siendo el país más caro de Centroamérica, teniendo los costos de producción más elevados.

En tanto que la lucha contra el déficit fiscal se ha basado en la reducción de los gastos, principalmente sociales, y en la ampliación de la tributación. Pero de los ingresos líquidos recibidos por el país, el 60% lo constituyen préstamos y donaciones.

Como uno de los indicadores recesivos está la situación del empleo: Se ha alcanzado la cifra record de desempleo en la historia de Nicaragua. Según cálculos, el nivel de desempleo abierto llega al 48% de la población económicamente activa, mientras que el subempleo llega a niveles más exagerados. Pero más dramático son los niveles de pobreza que ha pasado del 70% en 1990 al 78% en 1992[1].

En el sector agropecuario, la reactivación de la actividad agroexportadora aún no se ha realizado. Por el contrario, las facilidades fiscales han redundado en beneficio de sólo de los grandes capitales en este sector, mientras tanto el campesinado está siendo desplazado del mercado interno en provecho de transportistas y comerciantes.

Como corolario, las perspectivas plantean una difícil situación económica al finalizar el año y más aún para comienzos, ya que el estancamiento productivo no tiene visos de superar el momento en que se encuentra.

Otra de las expectativas es que el tipo de cambio sería insostenible después de marzo de 1993, por la reducción que se espera en las reservas internacionales del país.

El cuestionamiento de la "ayuda" norteamericana a Nicaragua y la premura con que el gobierno ha tratado el asunto, pone, una vez más de manifiesto, que si no se obtienen dichos recursos, la frágil estructura productiva y de sobrevivencia podría entrar rápidamente a una situación catastrófica.

II. ELEMENTOS POLITICOS INTERNOS QUE DETERMINAN EL CURSO DE LA NUEVA NICARAGUA

Globalmente, la inauguración de la nueva etapa política en Nicaragua, después de la derrota del FSLN, arranca con el denominado "Protocolo de Transición", una suerte de compromiso político entre la administración saliente y la entrante donde lo notorio fue asegurar los cargos de la policía y el ejército en manos de connotados dirigentes del FSLN. El acuerdo anunció la primer ruptura dentro del aparato gobernante al excluir de las decisiones centrales al Vicepresidente Virgilio Godoy, quien se opuso al espíritu del acuerdo, e incluir como Ministro de la Presidencia al yerno de la presidenta: Antonio Lacayo. Desde entonces han habido tres elementos claves que van determinando el curso de la nueva Nicaragua. Estos son: a) la contradicción entre los poderes del Estado; b) el auge de los movimientos sociales c) los Militares.

Aspecto a): La contradicción entre los poderes del Estado.

Esta confrontación ha estado centrada entre el Ejecutivo, compuesto por un grupo sin partido y en cierta medida "aliado" al FSLN en virtud del "Protocolo", y un Parlamento mayoritariamente de la alianza vencedora (UNO) que, contra toda tradición en el país, devino rebelde.

La contradicción entre el Legislativo y el Ejecutivo nace desde la misma toma de posesión de la presidenta Chamorro en Abril de 1990. Como en ese momento presidía la Asamblea Nacional, la Dra. Miriam Argüello y se sospechaba, en el grupo del gobierno central, su tendencia radical contra las ventajas del FSLN que suponía el "Protocolo", se procedió a establecer una alianza entre el Ejecutivo, la disciplinada bancada sandinista y un grupo de parlamentarios que apoyaban la candidatura de Alfredo César. Ya con el Ingeniero César presidiendo la Asamblea, empezaron a evidenciarse fricciones fuertes entre la bancada de la UNO y el Ejecutivo por la denominada "piñata sandinista" y las leyes 85 y 86 que la amparaban. El poder legislativo emitió entonces una iniciativa de ley que anulaba tales disposiciones encontrando el veto del Ejecutivo. A partir de entonces se abrió una crisis en las relaciones entre ambos poderes que terminó por dividir a la bancada de la UNO con la emergencia del "Grupo de Centro" aliado a la fracción parlamentaria del FSLN (haciendo mayoría relativa) y alineada con las posiciones de los gobernantes bajo acusaciones de sus enemigos de aparecer como fruto de "sobornos con presupuesto de de la Presidencia".

El clímax de esta crisis llegó el 2 de Septiembre de 1992 con la resolución de un Tribunal de Apelaciones de Managua que desconocía una decisión de la Asamblea que, por falta de quórum, había elegido a dos secretarios de la Junta Directiva de la Asamblea, impugnada por la bancada sandinista y el Grupo de Centro. El puntillazo que recibió César en esta jugada fue, por último, la defección del ala socialcristiana (UDC) que se presentó como enlace entre la Asamblea y los aliados para desempantanar la situación. Todo de cara a las futuras elecciones para la Presidencia de la Asamblea, cargo clave para el desarrollo de los planes del equipo del gobierno central y los interesados en ellos.

Aspecto b): El auge de los movimiento sociales

Mientras las alianzas políticas, rejuegos y requiebres de las luchas parlamentarias se efectuaban por "arriba" con llamados débiles y decorativos a apoyar una u otra causa, por "abajo", el país vivió a mediados de 1990, 1991 y 1992, varios movimientos civiles de signos a veces encontrados que conmovieron el tablero de las fuerzas políticas y obligaron a los movimientos sociales a redefinirse a sí mismos teniendo poco o nada que ver en su beligerancia los partidos políticos.

Sólo la convocatoria del gobierno a participar en la Concertación Nacional, compuesta entre otras fuerzas por el FNT, CPT, COSEP (que no firmó), UNAG, en sus dos fases (la primera entre Noviembre y Abril de 1991 y, una segunda muy irregular, entre Agosto de 1991 y Febrero de 1992) fueron a duras penas islotes de tranquilidad y sosiego, aunque al mismo tiempo fuente de descontento, dentro de una tormenta en la que se vieron envueltos los trabajadores estatales en semi-insurrecciones (mayo-junio 1990), tanto por su desempleo al calor de las políticas de ajuste como por sus luchas en la parte de propiedad (25%) que les correspondía en virtud de los acuerdos para reprivatizar el área estatal; los campesinos al reencontrarse consigo mismo en la lucha por la tierra en el movimiento armado "revueltos" (recontras y recompas unidos) después de haberse opuesto entre sí en la década de los ochenta; el movimiento juvenil universitario en su lucha por una asignación presupuestaria justa; los gobiernos autónomos étnicos trabados en la reglamentación de su Estatuto de Autonomía por sus contradicciones internas y el laissez faire del Estado Central; la rebeldía de una buena parte de los alcaldes municipales que reclamaban la destitución del jefe de la policía y del ejército; en fin, de un conjunto de actores cuyos reclamos a veces opuestos, paralelos o cruzados han terminado por reducir la capacidad de convocatoria, intermediación, representación y autoridad de unos partidos políticos en franca crisis de legitimidad y consenso.

Aspecto c: Los Militares

Si convenimos en que hay un vacío de liderazgo generado por los aparatos partidarios, sea por su descrédito o por la inactractividad de su discurso, en Nicaragua este vacío usualmente ha sido llenado por la Iglesia o por los militares. Saber y matar, como dijo alguna vez Baudelaire. A veces los líderes de estas instituciones sirven para figurar en, o bendecir a, regímenes fuertes, dictatoriales, cuando encuentran apoyo activo en algunas capas empresarias agresivas y a una sociedad civil atomizada o, bonapartistas de izquierda, cuando trata de apoyarse en algunos sectores populares bajo orientaciones de ordeno y mando.

Para el caso del Ejército nicaragüense, la permanencia del General Humberto Ortega al frente de la institución castrense ha sido prácticamente, junto con la problemática de la propiedad, el foco donde se parten en dos las aguas políticas del país. Desde el "Protocolo de Transición" una parte de los partidos políticos de la UNO y algunos grupos radicales de presión han exigido la destitución tanto del General Ortega como del Comandante René Vivas de la jefatura de la policía. Si bien este último fue en efecto removido y sustituido por otro Comandante sandinista, con el General está en juego un problema de cálculos e hipótesis para el destrabe de la situación en Nicaragua. Si se va, unos creen que el panorama se estabiliza porque se acaban los recelos de productores, inversionistas y senadores norteamericanos; si se queda, otros, como el gobierno, creen que es la única manera de garantizar el orden en una situación ya bastante caótica.

En su última comparecencia, con todo, el General expresó, asistido por su Estado Mayor, que no renunciaba antes de 1987, o sea después del mandato de la presidenta Chamorro y que se habían terminado las reducciones de efectivos del ejército. Tales declaraciones del general parecen indicar ciertas aspiraciones bonapartistas de imponer el orden por la vía del fusil y la espada.

Sin embargo, el general todavía carece de puntos de apoyo importantes, pues se encuentra ante una sociedad civil cansada de autoritarismo, una burguesía atormentada por su comportamiento en los diez años anteriores y a un gobierno norteamericano empecinado en destruir todo vestigio de sandinismo.

No le queda más alternativa que apoyar incondicionalmente al gobierno de Violeta Chamorro. Este último pretende usar su autoridad, tanto en el FSLN como en las filas castrenses, para poder implementar su proyecto económico con mayor margen de maniobras y consolidar un regimen democrático. ¿Hasta cuando persistirá esa alianza entre el general y sus oficiales con el gobierno? A nuestro parecer depende de la velocidad con que el general encuentre puntos de apoyo importantes (gobierno norteamericano, burguesía nicaragüense) para imponer su proyecto bonapartista, ya que si lo logra en un corto plazo no vacilarará en imponer el orden por la manu militari.

Ahora bien, en caso de no obtener ningún apoyo importante rápidamente los propósitos del general quedarán bloqueados por dos alternativas: a) la consolidación de un régimen democrático, en caso de que se resuelva el problema económico; b) una dictadura de corte fascista, en caso de que el problema económico se agrave.

III. LA TRANSICION A LA NUEVA NICARAGUA Y LOS ESTADOS UNIDOS.

Si se puede hablar de un estratega determinante en la derrota electoral sandinista, tenemos que referirnos obligatoriamente al gobierno de los Estados Unidos bajo el liderato de George Bush.

Diez años de guerra de "baja intensidad", si bien había debilitado considerablemente a los sandinistas, no generaron ninguna alternativa que le disputara la hegemonía al FSLN en los órganos de la sociedad civil nicaragüense. Los partidos políticos opositores eran en su mayoría sectas minúsculas aglutinadas alrededor de un personaje con cierto carisma político y con excelentes vínculos internacionales. Realmente parecían enanos comparados con el otrora poderoso partido gobernante, el FSLN.

Sin embargo, era necesario capitalizar de alguna manera el deseo de cambio que se percibía en unas masas cansadas de escasez, servicio militar obligatorio y miserias. Se hacía vital construir un instrumento político que expresara la voluntad colectiva de un nuevo rumbo en la Nicaragua del 90. Y así surgió la Unión Nacional Opositora (UNO), que representaba dos aspectos importantes: uno de carácter histórico al ser la continuadora de la UNO que se enfrentó a Somoza en los 60; el otro de presentación, de envase, ya que la unión de 14 partidos políticos (independiente de que fueran minúsculos) era la viva representación de la voluntad colectiva hacia el cambio.

Y se dió el cambio. La UNO ganó abrumadoramente las elecciones más democráticas en la historia de Nicaragua. De ahí en adelante, todo parecía indicar que habrían "transformaciones profundas" en la Nicaragua post-revolucionaria. Por lo menos las clases pudientes del país y los sectores más conservadores del aparato gobernante de los Estados Unidos así lo creían.

Y a casi tres años de la toma de posesión del sillón presidencial por parte de Violeta Chamorro las "transformaciones profundas" parecen no haberse realizado. Más bien, la mayoría de los partidos que llevaron al triunfo al gobierno actual lo acusan de estar cogobernando con los sandinistas. En ese orden el senador ultraconservador Jesse Helms, con la venia de la administración Bush, ha impedido el desembolso de una ayuda de más de 100 millones de dólares del gobierno norteamericano al gobierno nicaragüense.

Toda una paradoja. Los vencedores de las elecciones de 1990, los partidos de la UNO y el gobierno norteamericano, parecen encontrarse en la oposición, de tal manera que, según esa percepción, su propia criatura, el gobierno de Violeta Chamorro, se les ha rebelado.

Para entender este marasmo es necesario profundizar sobre la verdadera correlación de fuerzas políticas en el país. Correlación de fuerzas que la administración Bush, como el avestruz, obstinadamente se negó a reconocer. Los 14 partidos políticos que ganaron unidos abrumadoramente las elecciones no tienen influencia significativa en la sociedad civil, carecen de vínculos con ella y por tanto, además de representarse ellos mismos, no representan a nadie. Por el contrario, el partido perdedor, el FSLN, es el único partido con lígamenes en la sociedad civil. Los sandinistas dirigen la gran mayoría de los sindicatos u organizaciones gremiales, de corte popular y la única organización juvenil de peso en el país. Tiene bajo su control dos diarios que circulan por todo el país, varias radioemisoras y acaban de abrir un canal de televisión.

Ningún gobierno con "cinco dedos de frente" puede hacer caso omiso a esta situación. El gobierno de Violeta Chamorro ha tenido que gobernar en estas circunstancias y, ante las presiones de una sociedad civil que se niega a que le arranquen de un tajo las pocas conquistas obtenidas con el régimen anterior, se ha visto obligado a negociar y hacer concesiones en aras de obtener un consenso mínimo que le permita cierto margen de gobernabilidad en una etapa transitoria de la crisis a la estabilidad.

Por otro lado está la sociedad política (policía, ejército, etc.) heredada. La confusión Estado-partido promovida por el régimen anterior dio como resultado una policía y un ejército partidarios. El gobierno de Violeta Chamorro tenía como una de sus tareas principales apartidarizar estas instituciones. Sin embargo, el cuerpo de oficiales, columna vertebral de ambas instituciones está de alguna manera contaminado, por lo que la tarea no se puede llevar a cabo con un simple decreto. Tiene que ser gradual y con la menor cantidad de convulsiones posibles.

El ex-miembro de la Dirección Nacional del FSLN, Humberto Ortega continúa al frente del todopoderoso Ejército Popular Sandinista (EPS). En este caso el gobierno Chamorro deja entrever que está apostando a una ficha fuerte en el tablero político nicaragüense. El general Ortega ha dado muestra de fidelidad al gobierno Chamorro enfrentándose abiertamente con sectores de masas que antes se jactaba de dirigir. Por otro lado, el general representa, a pesar de su "trayectoria", una línea moderada en la oficialidad castrense, así como a lo interno del FSLN. Tomando en cuenta esos factores el equipo de la presidenta Chamorro ha considerado que Humberto Ortega puede hacer más a favor del "nuevo rumbo" asumiendo la jefatura de sus inquietos oficiales que pasando a retiro militar e integrándose a la vida civil.

La administración Bush, bajo la cobertura elegante de las normas diplomáticas, ha acusado de blandengue al gobierno Chamorro en la despartidarización del ejército y la policía y da a entender que se le han dado demasiado concesiones a los sandinistas. Esta es una de las razones de la retención de los famosos 100 millones de dólares.

Productos de esas presiones hace pocas semanas se cambió al antiguo jefe de la policía (un "viejo cuadro" sandinista) René Vivas enviándose a retiro a cinco comnotados oficiales de la institución. Pero ello no basta, las presiones persisten y las miras se orientan hacia el jefe del ejército, las exigencias de su destitución no dan muestras de haber disminuido. Tal parece que la administración Bush concluirá su mandato sin haber logrado apartar a Ortega de la jefatura del ejército.

A la perspicacia mostrada por la administración norteamericana en la conformación de la UNO y su victoria atronadora, le siguió una miopía política cuando se instaló el gobierno propuesto para tal fin. Decimos esto porque los objetivos que se ha propuesto la administración norteamericana en Nicaragua, lejos de ser elementos de estabilidad y superación de la crisis nicaragüense, se han convertido en un elementos de socavamiento a la gestión emprendida por Violeta Chamorro.

De ahí que los Estados Unidos sean correponsables de la situacion de crisis que vive actualmente Nicaragua, pues se han manifestado como uno de los principales subvertores del orden institucional surgido de la urnas electorales en 1990.

Con la llegada de Clinton a la Casa Blanca se esperan nuevas relaciones. Obviamente que, a diferencia de Bush, Clinton pretende mirar más hacia adentro que hacia afuera, lo que puede incidir a que la nueva administración dé más libertad de maniobra a un gobierno que, en una situación transitoria compleja y difícil, ha dado muestras de flexibilidad y acomodamiento. Ello puede ser bueno para Nicaragua.

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[1]. NITLAPAN, 1992. Se refiere a la población urbana que con sus ingresos no tiene la capacidad de adquirir una canasta básica.