Contra Gorostiaga

DR DONALD DUARTE

DIRECTOR

DIRECCION DE CONCILIACION

MINISTERIO DEL TRABAJO

SU DESPACHO

El día 6 de febrero de 1997 recibí notificación de parte de la Dirección de Conciliación sobre demanda de despido interpuesta por las Autoridades Superiores de la Universidad Centroamericana (UCA), Managua.

El día 8 de febrero me presenté ante sus oficinas para responder ante dicha demanda de conformidad con el Arto. 370 del Código de Trabajo. En dicha contestación negué y rechacé de plano, por falsos, todos los cargos y todos los argumentos expuestos por la UCA.

Debo informarles, para que lo tenga a consideración, que a lo interno de la Universidad, las Autoridades Superiores a través de su emisario, Lic. Antonio Sanjinés, la Junta Directiva del Sindicato y yo acordamos suspender la circulación en dos medios escritos, tres televisados y ocho radiales, así como en el correo electrónico y en INTERNET, una carta, leída en vivo en Radio Ya el 6 de febrero de 1997 a las 3:00 pm, donde protesto enérgicamente ante el padre Xabier Gorostiaga por su atropello a mi libertad de expresión.

Tal carta leída en Radio Ya, fue redactada en respuesta a la presentación de la citatoria de oficio del Ministerio del Trabajo que, a su vez, prometieron las Autoridades de la UCA detener y no hicieron, alegando negligencia y olvido de su representante legal.

A través del acuerdo con el Lic. Sanjinés, en efecto, esa carta fue suspendida en su publicación y circulación en los otros medios descritos, como señal de buena voluntad esperando en reciprocidad el retiro, esta vez sí, de la demanda. Tal acuerdo, como se ve, no ha sido efectuado.

De nuevo, ha sido violado otra vez el acuerdo. El Ministerio de Trabajo, de oficio, ha seguido el caso y el representante legal de las Autoridades de la UCA no ha retirado la demanda. En consecuencia, yo procederé a tomar las medidas legales pertinentes del caso.

En la última sesión de la Comisión negociadora miércoles 19 de febrero, la Dra Karla Vega en su calidad de Conciliadora de las negociaciones del Convenio Colectivo solicitó se pronunciaran las partes al respecto ya que el Ministerio actúa de oficio en estos casos y que sería Ud. quien resolvería definitoriamente sobre el problema presentado.

Considero que la demanda de la UCA no tiene ninguna fundamentación jurídica ni ninguna prueba que demuestren los supuestos cargos de "injurias y calumnias". Al contrario, sólo se limita a señalar las fuentes de su supuesto agravio con lo cual no se demuestra ninguna causa justa para tal demanda. Ni siquiera se tomaron la molestia de especificar exactamente cuáles son los párrafos, oraciones o expresiones que consideran lesivos de la carta en cuestión.

Es más, si algún delito hay, hasta donde tengo a la vista en mi expediente, es la alteración que se hizo del original del correo electrónico presentado como la evidencia para la causa, donde se eliminaron abusivamente a 18 destinatarios, todos profesores universitarios de la UCA. Presento, en su defecto, como anexo, el verdadero original de ese correo que acompaña este alegato. Y me reservo el derecho de acusar por alteración y falsificación de documentos a la contraparte.

Por mi lado, sigo sosteniendo el contenido de la carta "Protesta con Propuesta" al amparo de los derechos constitucionales que me asisten como ciudadano contribuyente de impuestos (adjunto colilla de pago) para participar en los debates sobre el presupuesto estatal para las Universidades, así como docente del mismo plantel donde laboro y afiliado al sindicato que lleva como contraparte las negociaciones del Convenio Colectivo, que han generado concepciones tanto de la Dirección Superior como de los docentes, respecto al fin y a la administración de los recursos universitarios así como los económicos, organizativos y académicos, elementos todos que constituyen el espíritu y contexto en el que fue formulada mi opinión ciudadana y universitaria.

Ante tal situación pido a su Autoridad realice inspección en nuestro centro de trabajo y tenga a bien escuchar las opiniones y conocer la posición de docentes y del sindicato para valorar objetivamente los hechos.